Cada año, la pirotecnia se presenta como un elemento incuestionable de las celebraciones públicas. Sin embargo, desde el punto de vista legal, los fuegos artificiales no son un derecho fundamental, sino una actividad autorizada que puede —y debe— limitarse cuando entra en conflicto con otros bienes jurídicos protegidos.
Y ese conflicto existe.
Desde la reforma del Código Civil, los animales han dejado de ser considerados cosas para ser reconocidos como seres sintientes. Este cambio no es simbólico: implica una obligación clara para las administraciones públicas de evitar sufrimiento evitable. El estrés extremo que provocan los petardos en animales domésticos y fauna urbana no es una hipótesis, sino un hecho documentado, previsible y reiterado cada año.
A esto se suma la afectación directa a personas vulnerables. El ruido intenso y repentino constituye una auténtica barrera sensorial para personas con trastornos del espectro autista, hipersensibilidad sensorial, ansiedad o estrés postraumático. Las celebraciones institucionales, financiadas y promovidas por las administraciones, no pueden excluir de facto a una parte de la población sin vulnerar el principio de accesibilidad y no discriminación.
Desde el Derecho Administrativo, cualquier decisión pública debe superar el principio de proporcionalidad: la medida debe ser necesaria, adecuada y equilibrada. La pirotecnia no supera este test cuando existen alternativas festivas —espectáculos de luz, música o proyecciones— que permiten celebrar sin causar daño.
Además, existen precedentes claros. En 2022, la ciudad británica de Scarborough canceló los fuegos artificiales de Año Nuevo tras el asesoramiento de expertos en vida silvestre, para proteger a una morsa en migración. La decisión fue legal, viable y socialmente asumida. No se eliminó la celebración; se eliminó el daño innecesario.
La pregunta, por tanto, no es si se puede limitar la pirotecnia desde la ley.
La pregunta es por qué, con el conocimiento y las herramientas jurídicas disponibles, se sigue eligiendo no hacerlo.
Celebrar sin causar sufrimiento no es radical.
Es coherente con la ley, con la ética y con una sociedad que dice avanzar en empatía.
