El creciente rechazo al maltrato animal es un hecho. Ha sido crucial el libre acceso a la información, sumado a la preocupación de la sociedad por conocer y divulgar las crueldades ejercidas sobre los animales. De todas esas prácticas moralmente inaceptables en la actualidad, la caza es una de las más atroces. Es una anomalía ética que la masacre de millones de individuos se justifique por el derecho de otros a matar por diversión. Y ese derecho está blindado por la clase política, que ampara sin ambages al lobby cinegético. Los vínculos entre ambos son tan obvios, que no solo se destina dinero público para fomentarla, sino para blanquear una actividad sangrienta, que atenta contra el medioambiente y el derecho del resto de los ciudadanos.
El último de los ejemplos continuos de esta connivencia entre los políticos y el lobby escopetero se dio el pasado año, cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó por unanimidad la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, considerada un marco orientativo para las comunidades autónomas y en la que el Gobierno ejerce una labor de coordinación. Por ello, según publica la página del ministerio, uno de los objetivos de esta estrategia es también mejorar la imagen de la caza y poner en valor la labor que desempeñan tanto los cazadores como los gestores, asesorados por organismos de investigación públicos y privados: “Es un hito para la caza sostenible y la dinamización del medio rural”, subraya el ministro del ramo.
La realidad es que cada año, en España, se exterminan impunemente más de 30 millones de animales y los políticos son cómplices. La Asociación Empatía tiene entre sus objetivos, trabajar para conseguir cambios legislativos y sociales que aceleren la prohibición de la caza.
Ante el avance de la concienciación en materia de maltrato animal, el lobby cinegético se defiende con falacias, perfectamente rebatibles:
- Conservar el equilibrio de las especies: los desequilibrios de los ecosistemas son provocados por el hombre, al destruir sus hábitats, introducir especies exóticas y hostigar a los predadores naturales.
- En los espacios no sometidos a la caza, no existe sobrepoblación de animales. Si en algún momento puntual aparece, es perfectamente controlable con métodos no cruentos y de probada eficacia.
- El argumento de preservar el equilibrio, se desploma al comprobar que dentro de la propia actividad se precisa de las granjas cinegéticas para a repoblar una y otra vez los terrenos donde ha disminuido el número de individuos a abatir.
- Respetar el medio ambiente: desde febrero del presente año, queda prohibida en la UE el uso de la munición de plomo, pero solo en los humedales. El plomo es la munición más utilizada. En nuestro país se dispersan al año 6.000 toneladas en forma de 50.000 millones de perdigones, que pueden demorar hasta 300 años en deshacerse en la naturaleza. Por tanto, contamina el suelo, el agua, las plantas, y es la primera causa de intoxicación en animales.
El plomo se ingiere con los alimentos o por vía inhalatoria y también afecta a los humanos, produciendo una enfermedad llamada plumbismo, que ocasiona lesiones irreversibles en el sistema nervioso. La situación es lo suficientemente relevante como para que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) haya sugerido que se limite el consumo de carne de caza, en especial a los niños y mujeres embarazadas.
Pero la caza arrastra otras consecuencias, durante su ejercicio, mueren por «accidentes» alrededor de 24 personas cada año y más de dos mil sufren lesiones de diferente magnitud.
El 87% del territorio español es un coto de caza, con casi 800.000 licencias para disparar sin restricciones y coartar el derecho del resto de las personas que desean disfrutar de la naturaleza sin que sea una temeridad. O un peligro, incluso para su vida.
El maltrato a los perros de caza traspasa fronteras, hasta la Eurocámara ha pedido explicaciones a España por crueldad ejercida sobre los galgos. En nuestro país mueren anualmente más de 50.000 perros, coincidiendo con el fin de la temporada de caza. Esas muertes se producen de forma violenta, en los enfrentamientos con otros animales, por disparos, mutilados, apaleados, quemados, ahorcados en árboles… A los refugios llegan por decenas y en todas las comunidades autonómicas se calcula que el 60% de los perros abandonados en protectoras, son de caza. Es vergonzoso que existan organizaciones internacionales dedicadas a defender al perro de caza español, pero es aún más lamentable, que después del tiempo y esfuerzo dedicado por el movimiento animalista, la reciente Ley de Bienestar Animal, aprobada por el gobierno PSOE-Podemos, lo excluya de su protección.
Está claro que el impacto de la caza sobre la biodiversidad, la hace insostenible. Es una contradicción que se admita la actividad cinegética en las reservas naturales, los Parques Nacionales o cualquier lugar protegido a nivel nacional o regional. También desde Europa es necesario modificar las directrices que permiten la caza en la Red Natura 2000, si bien se prohíbe en los humedales, lo cual afecta, solo en ese aspecto, a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Por otro lado, comprobamos que las licencias de caza descienden, el interés disminuye y la sensibilidad de la sociedad ya no tolera los ejercicios de violencia contra los animales. Vamos a trabajar e impulsar propuestas para conseguir la prohibición de la caza, porque es tan inaplazable como fundamental para avanzar hacia una sociedad respetuosa, empática y justa.